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| Según la investigación, varios bonistas celebraron con mediciones del IPC a medida. |
Adelanto del informe “Indec, la verdad”. (Revista Veintitres de hoy)
Hace mucho tiempo que el Instituto Nacional de Estadística y Censos, más conocidos por su sigla –Indec–, está en el ojo de la tormenta. Por eso el Ministerio de Economía se propuso echar luz sobre las acciones que durante años acumularon sospechas en torno al organismo estadístico. El resultado es “Indec, la verdad”, una investigación que revela un sinfín de irregularidades que se desarrollaron en la institución pública hasta el año 2007 y que –según el informe– tendieron a beneficiar económicamente a los tenedores de títulos públicos indexados por el CER, bancos, operadores de la Bolsa y consultoras. Un negocio millonario que involucraría a ex funcionarios del organismo y referentes del sector financiero. A continuación, Veintitrés presenta un adelanto de este trabajo que en pocos días llegará a manos de la presidenta Cristina Fernández y que será enviado al Congreso para aportar claridad al proyecto de normalización del organismo.
El trabajo se compone de informes secretos realizados por el Ministerio de Economía, sumarios, memorándums, documentos probatorios de las irregularidades, un trabajo con las conclusiones del seminario que se realizó hace días con los representantes del Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES), en el que participaron el ministro de Economía, Amado Boudou; su viceministro, Roberto Feletti, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Y un anexo en el que figura un informe elaborado por cinco universidades.
Uno de los ejes de la investigación gira en torno al Índice de Precios al Consumidor, conocido como IPC. Este índice tomó suma relevancia desde que los bonos de la deuda pública comenzaron a indexarse por el CER –durante la gestión de Roberto Lavagna como ministro de Economía– ya que dejó de ser considerado como una estadística descriptiva. “Un aumento del indicador reportaba millones de pesos para los tenedores de esos títulos”, explicó una fuente del ministerio. Si un especulador podía conocer de buena fuente que crecería el IPC, podía comprar títulos públicos y generar una toma de ganancia muy fuerte. Por caso, una de las empresas mencionadas en el informe como beneficiaria de estas maniobras es Goldman Sachs, poseedora de bonos de la deuda pública y ex accionista del Grupo Clarín.
La secuencia que llevó a la situación actual del Indec comenzó en el año 2006, cuando desde el gobierno nacional tomaron nota de que las políticas de precios que aplicaban no tenían correlación con los números del IPC. Dadas las circunstancias, la entonces ministra de Economía, Felisa Miceli, nombró a Beatriz Paglieri como delegada de su cartera en el organismo para que investigara lo que sucedía en la institución. Poco a poco fueron descubriendo mediciones escandalosas en el IPC.
Una parte del informe hace referencia a estas irregularidades metodológicas que se detectaron a partir de esta investigación. Entre ellas sobresalen las siguientes:
La variación de precios en el rubro “servicio doméstico” se acostumbra a contabilizar a través de una muestra de hogares, representativas geográficamente. Sin embargo, durante la gestión de la ex directora del IPC Graciela Bevacqua, la medición se realizó de una manera un tanto particular: de los 50 informantes consultados sobre el tema, más de 30 tenían su domicilio en el Indec (J.A. Roca 609) o el Ministerio de Economía (H. Yrigoyen 250) (ver facsímil). Es decir que, lejos de todo marco metodológico, la evolución de precios de este sector se medía preguntándoles a amigos o conocidos cuánto le pagaban a sus mucamas –este es el nombre que consta en el formulario–. Entonces, el servicio doméstico era la quinta variable en importancia del IPC, por encima del pan, lo que derivó en un crecimiento considerable de este índice. De acuerdo con un formulario del año 2004, a través de esta metodología se constató un aumento del 20 por ciento en el sueldo de las empleadas domésticas: de 5 a 6 pesos la hora. Según fuentes del Ministerio de Economía, esto implicó un crecimiento de 0,5 puntos en el IPC, que traducido a dinero representó 750 millones de pesos aproximadamente para quienes poseían bonos de deuda pública indexados por CER. Un dato más que revela el documento en lo que respecta a este rubro: entre los informantes del Ministerio de Economía y del propio Indec aparece el nombre “Graciela Ma”, es decir, la madre de Graciela Bevacqua, según los investigadores.
A la hora de analizar el sector turismo también se detectaron desmanejos. De acuerdo con el informe, se consideraron sólo dos destinos turísticos: Mar del Plata y Bariloche. Y para constatar el nivel de ocupación en los diferentes hoteles de la zona se dijo desde el organismo que se realizaría un relevamiento telefónico. Según se constató a través de las compañías telefónicas consultadas, no se realizó ningún llamado. O sea: los números habían sido inventados. Este tipo de metodología explica el siguiente memorándum: “Luego de las escandalosas subas registradas durante las vacaciones de invierno, se acordó con las cámaras del sector una rebaja sustantiva que, según nuestros registros, se concretó. El Indec no registró la baja. Durante el mes de enero de 2007, el Indec informa un incremento del 40 por ciento en ese segmento. Según relevamientos propios y el efectuado por los operadores turísticos, que se adjuntan en el anexo, ese incremento no existió”.
Algo similar ocurrió en lo que respecta a la medicina prepaga y a las cuotas de las escuelas privadas. En el primer rubro se midieron los precios de los planes más altos cuando se preguntaba por los bajos, entre otras irregularidades, lo que implicó un registro de hasta el 18 por ciento de aumento. El Gobierno había establecido un acuerdo con las empresas del sector para cerrar un aumento por un 2 por ciento para el segundo semestre del 2006. Mientras que en el caso de los colegios, también en el año 2006, se constató una sobreestimación. A la hora de analizar las cuotas recupero que se agregaron en ese período –que se podían extender a 6 pagos– aparecen hasta en 10 pagos.
También hubo problemas al ignorar los saltos de calidad del producto medido. Por ejemplo, en el 2006 en el sector autos contemplado en el IPC, en lugar de tomar como referencia los coches de base –como venía sucediendo–, hubo un cambio y se contemplaron los coches full, lo que implicó un incremento abrupto del 50 por ciento en este rubro. Lo mismo sucedió en los artículos de librería al cambiar el tipo de ejemplar del manual de Código Civil que utilizaban los estudiantes de Derecho por el que utilizaban los abogados.
En lo que respecta al IPC de enero de 2007, apareció un error de otra envergadura. En lugar de comparar el índice de enero con el del mes anterior, se tuvieron en cuenta los precios registrados en noviembre de 2006. Así se computaron dos meses de inflación para medir la evolución de precios de enero y se duplicó el índice.
Otra irregularidad que para los investigadores favorecía a los actores del sector financiero era la medición semanal de precios, que se realizó hasta el 2006. Según el informe, se trató de un índice aproximado que no respondía a ningún objetivo del Estado. Su único fin sería beneficiar al sector privado, brindándole información privilegiada de forma anticipada. ¿La razón? “Al mostrar las variaciones semanales se tiene una previsibilidad que amerita las especulaciones, por caso, en la Bolsa”, evaluaron desde Economía.
Pero no todo se redujo al IPC. El Indec tiene más de 100 programas y en alguno de ellos también se encontraron irregularidades, aunque de otro tipo. El informe también hace mención a que los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se entregaban de antemano por afinidad política o por dinero. En este programa se trabajan datos sobre pobreza y salarios y quienes accedían a esta información lograban hacerse de información desagregada y mucho más precisa que la publicada en los medios.
Así como en la EPH, hay otros programas donde se trabaja información sensible cuyo conocimiento anticipado es fuente de grandes negocios: es el caso del área de grandes empresas, donde se estudia la cúpula de las 500 empresas más grandes del país; o el área de comercio exterior, donde figuran análisis de la balanza comercial, los criterios de endeudamiento y cuestiones relativas al tipo de cambio.
En el documento “Indec, la verdad” también se menciona la compra de estudios sociodemográficos, información económica y los registros de la base de datos del instituto. Un ejemplo antiguo aunque no por eso menos vigente sirve como botón de muestra: “En el año ’94 una empresa expendedora de bebidas quería comprar un estudio sobre las escuelas privadas para ver dónde instalar sus máquinas. Si no lo conseguían debían contratar un estudio de mercado. Había usos y costumbres en el Indec. Y mucha impunidad”, relató una fuente de Economía.
Entre las grandes beneficiarias de las filtraciones del organismo aparecen las consultoras. Según el documento, la mayoría de los ministros de Economía o secretarios de Programación Económica tenían algún vínculo con personal del Indec que usufructuaban a la hora de dejar sus cargos de funcionarios públicos. Según el documento, la metodología se repetía: el funcionario dejaba su cargo, abría una consultora y recibía información de primera mano del organismo. “Era un círculo vicioso. Una metodología que se realizaba desde la administración pública en contubernio con las consultoras para vulnerar los intereses del país aumentando la deuda pública”, aseguraron desde Hipólito Yrigoyen 250.
El trabajo también se alimentó de los informes que las consultoras presentaron ante la Dirección de Lealtad Comercial, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior, ya que el Instituto de Estadísticas actuó como perito en esta tarea. “Las consultoras son las principales beneficiarias del descrédito del Indec. Aumentan sus negocios, su cartera de clientes, son más consultadas, justamente”, explicaron desde Economía.
En el marco de esta tarea, en febrero pasado, la Dirección de Lealtad Comercial envió a un grupo de consultoras un cuestionario con 19 preguntas para conocer la metodología que utilizaban a la hora de elaborar sus índices de precios. “Cuando las consultoras presentaron por escrito sus mediciones aparecieron un motón de errores. Eran impresentables. No tenían el más mínimo rigor metodológico. Una consultora medía el alquiler de películas y en el informe aseguró, hace un mes y medio, que lo realizaba en Blockbuster, cuando esta cadena cerró hace más de un año. También dijo que medía nafta común. No saben ni copiarse”, dijo una fuente que tuvo acceso a estas respuestas. “Además, no miden la inflación, hacen un monitoreo de precios –de hecho, así lo manifestaron por escrito–, sin respetar los marcos metodológicos. No obstante, en los diarios se habla de eso como inflación”, se indignó.
“Las consultoras no son neutras, van generando expectativas inflacionarias y aconsejan dónde conviene invertir. Por ejemplo, en el 2009 las consultoras decían que el superávit fiscal del país iba a ser de 6 mil millones y terminó siendo de 17 mil millones. Y en el 2010 volvieron con lo mismo, diciendo otra vez que iba a ser de 6 mil millones y fue de 12 mil millones”, se quejó la fuente.
Este tipo de acciones de las consultoras son el germen de “desestabilizaciones gubernamentales. Sientan las bases para estimular corridas bancarias y pases al dólar”, afirmó uno de los investigadores que trabajó en el documento. Por este motivo –en la historia argentina abundan esas experiencias– se decidió realizar esta profunda investigación. Cuando llegue a manos de la Presidenta se conocerán sus consecuencias.
El trabajo se compone de informes secretos realizados por el Ministerio de Economía, sumarios, memorándums, documentos probatorios de las irregularidades, un trabajo con las conclusiones del seminario que se realizó hace días con los representantes del Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES), en el que participaron el ministro de Economía, Amado Boudou; su viceministro, Roberto Feletti, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Y un anexo en el que figura un informe elaborado por cinco universidades.
Uno de los ejes de la investigación gira en torno al Índice de Precios al Consumidor, conocido como IPC. Este índice tomó suma relevancia desde que los bonos de la deuda pública comenzaron a indexarse por el CER –durante la gestión de Roberto Lavagna como ministro de Economía– ya que dejó de ser considerado como una estadística descriptiva. “Un aumento del indicador reportaba millones de pesos para los tenedores de esos títulos”, explicó una fuente del ministerio. Si un especulador podía conocer de buena fuente que crecería el IPC, podía comprar títulos públicos y generar una toma de ganancia muy fuerte. Por caso, una de las empresas mencionadas en el informe como beneficiaria de estas maniobras es Goldman Sachs, poseedora de bonos de la deuda pública y ex accionista del Grupo Clarín.
La secuencia que llevó a la situación actual del Indec comenzó en el año 2006, cuando desde el gobierno nacional tomaron nota de que las políticas de precios que aplicaban no tenían correlación con los números del IPC. Dadas las circunstancias, la entonces ministra de Economía, Felisa Miceli, nombró a Beatriz Paglieri como delegada de su cartera en el organismo para que investigara lo que sucedía en la institución. Poco a poco fueron descubriendo mediciones escandalosas en el IPC.
Una parte del informe hace referencia a estas irregularidades metodológicas que se detectaron a partir de esta investigación. Entre ellas sobresalen las siguientes:
La variación de precios en el rubro “servicio doméstico” se acostumbra a contabilizar a través de una muestra de hogares, representativas geográficamente. Sin embargo, durante la gestión de la ex directora del IPC Graciela Bevacqua, la medición se realizó de una manera un tanto particular: de los 50 informantes consultados sobre el tema, más de 30 tenían su domicilio en el Indec (J.A. Roca 609) o el Ministerio de Economía (H. Yrigoyen 250) (ver facsímil). Es decir que, lejos de todo marco metodológico, la evolución de precios de este sector se medía preguntándoles a amigos o conocidos cuánto le pagaban a sus mucamas –este es el nombre que consta en el formulario–. Entonces, el servicio doméstico era la quinta variable en importancia del IPC, por encima del pan, lo que derivó en un crecimiento considerable de este índice. De acuerdo con un formulario del año 2004, a través de esta metodología se constató un aumento del 20 por ciento en el sueldo de las empleadas domésticas: de 5 a 6 pesos la hora. Según fuentes del Ministerio de Economía, esto implicó un crecimiento de 0,5 puntos en el IPC, que traducido a dinero representó 750 millones de pesos aproximadamente para quienes poseían bonos de deuda pública indexados por CER. Un dato más que revela el documento en lo que respecta a este rubro: entre los informantes del Ministerio de Economía y del propio Indec aparece el nombre “Graciela Ma”, es decir, la madre de Graciela Bevacqua, según los investigadores.
A la hora de analizar el sector turismo también se detectaron desmanejos. De acuerdo con el informe, se consideraron sólo dos destinos turísticos: Mar del Plata y Bariloche. Y para constatar el nivel de ocupación en los diferentes hoteles de la zona se dijo desde el organismo que se realizaría un relevamiento telefónico. Según se constató a través de las compañías telefónicas consultadas, no se realizó ningún llamado. O sea: los números habían sido inventados. Este tipo de metodología explica el siguiente memorándum: “Luego de las escandalosas subas registradas durante las vacaciones de invierno, se acordó con las cámaras del sector una rebaja sustantiva que, según nuestros registros, se concretó. El Indec no registró la baja. Durante el mes de enero de 2007, el Indec informa un incremento del 40 por ciento en ese segmento. Según relevamientos propios y el efectuado por los operadores turísticos, que se adjuntan en el anexo, ese incremento no existió”.
Algo similar ocurrió en lo que respecta a la medicina prepaga y a las cuotas de las escuelas privadas. En el primer rubro se midieron los precios de los planes más altos cuando se preguntaba por los bajos, entre otras irregularidades, lo que implicó un registro de hasta el 18 por ciento de aumento. El Gobierno había establecido un acuerdo con las empresas del sector para cerrar un aumento por un 2 por ciento para el segundo semestre del 2006. Mientras que en el caso de los colegios, también en el año 2006, se constató una sobreestimación. A la hora de analizar las cuotas recupero que se agregaron en ese período –que se podían extender a 6 pagos– aparecen hasta en 10 pagos.
También hubo problemas al ignorar los saltos de calidad del producto medido. Por ejemplo, en el 2006 en el sector autos contemplado en el IPC, en lugar de tomar como referencia los coches de base –como venía sucediendo–, hubo un cambio y se contemplaron los coches full, lo que implicó un incremento abrupto del 50 por ciento en este rubro. Lo mismo sucedió en los artículos de librería al cambiar el tipo de ejemplar del manual de Código Civil que utilizaban los estudiantes de Derecho por el que utilizaban los abogados.
En lo que respecta al IPC de enero de 2007, apareció un error de otra envergadura. En lugar de comparar el índice de enero con el del mes anterior, se tuvieron en cuenta los precios registrados en noviembre de 2006. Así se computaron dos meses de inflación para medir la evolución de precios de enero y se duplicó el índice.
Otra irregularidad que para los investigadores favorecía a los actores del sector financiero era la medición semanal de precios, que se realizó hasta el 2006. Según el informe, se trató de un índice aproximado que no respondía a ningún objetivo del Estado. Su único fin sería beneficiar al sector privado, brindándole información privilegiada de forma anticipada. ¿La razón? “Al mostrar las variaciones semanales se tiene una previsibilidad que amerita las especulaciones, por caso, en la Bolsa”, evaluaron desde Economía.
Pero no todo se redujo al IPC. El Indec tiene más de 100 programas y en alguno de ellos también se encontraron irregularidades, aunque de otro tipo. El informe también hace mención a que los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se entregaban de antemano por afinidad política o por dinero. En este programa se trabajan datos sobre pobreza y salarios y quienes accedían a esta información lograban hacerse de información desagregada y mucho más precisa que la publicada en los medios.
Así como en la EPH, hay otros programas donde se trabaja información sensible cuyo conocimiento anticipado es fuente de grandes negocios: es el caso del área de grandes empresas, donde se estudia la cúpula de las 500 empresas más grandes del país; o el área de comercio exterior, donde figuran análisis de la balanza comercial, los criterios de endeudamiento y cuestiones relativas al tipo de cambio.
En el documento “Indec, la verdad” también se menciona la compra de estudios sociodemográficos, información económica y los registros de la base de datos del instituto. Un ejemplo antiguo aunque no por eso menos vigente sirve como botón de muestra: “En el año ’94 una empresa expendedora de bebidas quería comprar un estudio sobre las escuelas privadas para ver dónde instalar sus máquinas. Si no lo conseguían debían contratar un estudio de mercado. Había usos y costumbres en el Indec. Y mucha impunidad”, relató una fuente de Economía.
Entre las grandes beneficiarias de las filtraciones del organismo aparecen las consultoras. Según el documento, la mayoría de los ministros de Economía o secretarios de Programación Económica tenían algún vínculo con personal del Indec que usufructuaban a la hora de dejar sus cargos de funcionarios públicos. Según el documento, la metodología se repetía: el funcionario dejaba su cargo, abría una consultora y recibía información de primera mano del organismo. “Era un círculo vicioso. Una metodología que se realizaba desde la administración pública en contubernio con las consultoras para vulnerar los intereses del país aumentando la deuda pública”, aseguraron desde Hipólito Yrigoyen 250.
El trabajo también se alimentó de los informes que las consultoras presentaron ante la Dirección de Lealtad Comercial, dependiente de la Secretaría de Comercio Interior, ya que el Instituto de Estadísticas actuó como perito en esta tarea. “Las consultoras son las principales beneficiarias del descrédito del Indec. Aumentan sus negocios, su cartera de clientes, son más consultadas, justamente”, explicaron desde Economía.
En el marco de esta tarea, en febrero pasado, la Dirección de Lealtad Comercial envió a un grupo de consultoras un cuestionario con 19 preguntas para conocer la metodología que utilizaban a la hora de elaborar sus índices de precios. “Cuando las consultoras presentaron por escrito sus mediciones aparecieron un motón de errores. Eran impresentables. No tenían el más mínimo rigor metodológico. Una consultora medía el alquiler de películas y en el informe aseguró, hace un mes y medio, que lo realizaba en Blockbuster, cuando esta cadena cerró hace más de un año. También dijo que medía nafta común. No saben ni copiarse”, dijo una fuente que tuvo acceso a estas respuestas. “Además, no miden la inflación, hacen un monitoreo de precios –de hecho, así lo manifestaron por escrito–, sin respetar los marcos metodológicos. No obstante, en los diarios se habla de eso como inflación”, se indignó.
“Las consultoras no son neutras, van generando expectativas inflacionarias y aconsejan dónde conviene invertir. Por ejemplo, en el 2009 las consultoras decían que el superávit fiscal del país iba a ser de 6 mil millones y terminó siendo de 17 mil millones. Y en el 2010 volvieron con lo mismo, diciendo otra vez que iba a ser de 6 mil millones y fue de 12 mil millones”, se quejó la fuente.
Este tipo de acciones de las consultoras son el germen de “desestabilizaciones gubernamentales. Sientan las bases para estimular corridas bancarias y pases al dólar”, afirmó uno de los investigadores que trabajó en el documento. Por este motivo –en la historia argentina abundan esas experiencias– se decidió realizar esta profunda investigación. Cuando llegue a manos de la Presidenta se conocerán sus consecuencias.
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