Blogueros españoles analizan Papel Prensa

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La causa por la apropiación ilegal de Papel Prensa S A a manos de tres dueños de medios de comunicación oligopólicos suma ya 14.000 fojas agrupadas en 70 cuerpos. Renuncias de temerosos funcionarios judiciales, jueces amenazados y otros que temen tomar la causa, Testigos urgidos por declarar, que luego desaparecen tornándose sospechosamente imposible de contactar, excepto para empleados de Clarín y La Nación, abogados que intentan agregar una foja falsa al expediente a los fines de beneficiar a Magnetto y a Mitre. Treinta pruebas comprometen a los imputados pero llamativamente no ha sido suficiente para que los imputados, Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre hayan sido llamados a declarar. Parece que los poderes fácticos aún tienen demasiada influencia sobre la Justicia argentina.

Breve reseña de algunas de las pruebas que incriminan a Magnetto y Mitre en la causa por la apropiación ilegal y mediante delitos de lesa humanidad de Papel Prensa S. A.- Dictámen de Ricardo Molinas sobre la elección de Clarín, La Nación y La Razón por la Junta de Comandantes a los fines de transferirles el paquete accionario clase A de la empresa de Graiver una vez conocida la muerte de éste.- Testimonio de Isidoro Graiver ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas Nº 6 en Noviembre de 1985: En Octubre de 1976 el Dr Anchorena, abogado apoderado de la sucesión Gravier, se puso en contacto con su cuñada para informarle que había recibido información del sr Francisco Manrique cuyo contenido se resumía en que el gobierno nacional (militar, de facto) vería con agrado la desaparición del conjunto empresario Graiver como tal, para lo cual sería necesario la venta de los paquetes accionarios de...Papel Prensa, estimando que los compradores lógicos de éste último paquete eran los diarios La Nación, Clarín y La Razón- 

Testimonio de Lidia Papaleo ante la Fiscalía Administrativa, noviembre 1985: El abogado Miguel de Anchorena le comunicó que Francisco Manrique le había informado que el gobierno militar quería que vendiera el paquete accionario de las empresas Gravier; y que el comprador inicicado para Papel Prensa serían los diarios La Nación, Clarín y La Razón. Agregó que la venta no podría realizarse ni a personas de la colectividad judía ni a extranjeros.- 

Acta secreta: los militares les quisieron poner una mínima condición a los tres diarios a cambio de posicionarlos para el negocio. Se les pedía que dejaran entrar en el negocio al resto de los periódicos del país. En el anexo II del Acta secreta 14, con fecha del 15/12/76 quedó registrada la negativa de La Nación, Clarín y La Razón para dar participación a los demás diarios del país.- 

Declaración de Rafael Ianover ante el Juez Corazza en el año 2010: relató diversas acciones ilícitas, incluida tortura, contra la familia Graiver y su entorno, como así también su propia detención ilegal en condiciones inhumanas que concluyó con el traspaso del paquete accionario de la empresa en cuestión.Carta de Rafael Ianover- Declaración de Isidoro Graiver a periodistas del diario Tiempo Argentino: "Fue una operación que era a todas luces un afano. Los diarios nos humillaron. Las presiones eran permanentes...." - Documentos prueban que pocos días después de suscritos los convenios que transferían el paquete accionario de la empresa; éstas fueron transferidas por Fapel a los diarios La Nación, Clarín y La Razón. Tiempo después son secuestrados Juan Gravier, Lidia Papaleo, Silvia Fanjul y Lidia Gesualdi.

Resolución Nº 3 de la Junta militar del 19/4/77 que declara la interdicción de los bienes de los Gravier.  Presentación del Banco Nacional de Desarrollo poniendo en tela de juicio el valor otorgado a las acciones clase C y E en los convenios de transferencia del 2 de junio de 1976- Intento de introducir una foja falsa en el expediente. La foja presentada en la Sala III se la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata por los abogados Hugo Wortman Jofré en representación de Magnetto, y Alejandro Perez Chada, por parte de Bartolomé Mitre; es producto de un dictámen del fiscal Molinas que fue fraguado para beneficiara los diarios. 

La foja original fue quitada del expediente por los abogados mencionados y se la intentó reemplazar por una fraguada donde se eliminaron frases que perjudicaban a Magnetto y Mitre.

Todo llega... ¿te suena Ernestina?

Para la fiscalía, en Papel Prensa hubo un crimen de lesa humanidad

La Unidad Fiscal Federal de La Plata, que interviene en casos de terrorismo de Estado, calificó como "un crimen de lesa humanidad a los hechos que rodearon la transferencia de acciones" entre 1976 y 1979 de la firma productora de la materia prima para la impresión de medios gráficos, y le pidió al juez Arnaldo Corazza que se declare incompetente en esa causa y la remita al fuero federal porteño.

Los fiscales Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro destacaron que "las pruebas revelan que los hechos denunciados podrían ser parte de acciones persecutorias e impregnadas por espurios intereses económicos".

De acuerdo con el escrito, esas acciones "fueron promovidas por las máximas autoridades del Estado Nacional con la presunta colusión de los representantes y/o propietarios de Clarín, La Nación y La Razón".
Ahora, el juez Corazza debe resolver si recepta o no el pedido realizado por los fiscales y la decisión del magistrado podrá ser apelada por las partes. De esta manera, los fiscales de la Unidad definieron el objeto procesal de la pesquisa, luego de 10 meses de recopilación documental y testimonial, y del análisis de su contenido.
El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, dijo que "con el dictamen se corrobora que Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Fernando Peralta Ramos se asociaron con la Junta Militar presidida por Jorge Rafael Videla, y sus funcionarios José Alfredo Martínez de Hoz y Raimundo Podestá, para desapoderar ilegítimamente al Grupo Graiver de su empresa, usando amenazas extorsivas, secuestros, torturas que en un caso produjeron la muerte de una de las víctimas".
Taty Almeida de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, y Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, expresaron también su apoyo al pedido de la Unidad Fiscal Federal de La Plata.
Almeyda consideró un "avance maravilloso" el pedido de los fiscales platenses. "Por razones de edad, somos las más interesadas en que esa justicia llegue rápido, para poder compartir ese momento", sostuvo en diálogo, mientras que Carlotto opinó que el dictamen es un avance en el juzgamiento de "un delito aberrante, cometido en el marco del terrorismo de estado".
Por su parte, Lidia Papaleo de Graiver sostuvo que "esto demuestra que lo que nosotros afirmamos respecto a la forma en la que fueron despojadas las acciones de la familia Graiver tiene un cariz de verdad en la consideración de los fiscales". También agradeció el apoyo de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, del ex presidente Néstor Kirchner, y de "todo un sector de la sociedad que nos respaldó en el momento difícil, cuando radicamos la denuncia". En tanto su hermano, Osvaldo Papaleo, aseguró que gracias a la resolución "empezamos a ver cómo se manejaron grupos hegemónicos respecto al poder que elaboraron en base a la presión, a la extorsión y a los negocios con los militares".

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Dictadura y Papel Prensa

El poder mediático ya no puede ocultar la verdad

Las declaraciones del dictador Reynaldo Bignone confirmando las ‘buenas relaciones’ entre Clarín, La Nación, La Razón y los genocidas torna imposible sostener la mentira.


Por fin llegamos a un punto que hasta hace poco tiempo parecía imposible, empieza a resquebrajarse otro nicho de impunidad. Las declaraciones del dictador Reynaldo Bignone confirmando las “buenas relaciones” entre Clarín, La Nación, La Razón y los genocidas torna imposible sostener  la mentira. Gracias a las políticas implementadas desde 2003 por el gobierno de Néstor Kirchner y continuadas por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se pudo avanzar en la investigación de las atrocidades cometidas por la dictadura cívico militar.
Durante muchos años, hubo un manto de silencio cómplice sobre la participación de los civiles en la inducción y participación en la dictadura de 1976. Ya en el ’75 Celestino Rodrigo, entonces ministro de economía, intentó implementar una política neoliberal de marginación del pueblo argentino. La misma que luego llevaría adelante Alfredo Martínez de Hoz. A pesar de las complicidades y debilidades del gobierno de Isabel Perón, la vigencia de las instituciones democráticas y, por sobre todas las cosas, la resistencia desarrollada por la juventud,  el movimiento obrero organizado en distintas expresiones,  y las numerosas organizaciones de base, impidieron con la protesta social que se pudiera instalar esta política de hambre y desocupación.
Pero la decisión estaba tomada y el plan elaborado. Jorge Rafael Videla lo había anunciado el 24 de octubre de 1975. En una reunión de comandantes en Jefe de los ejércitos latinoamericanos en Montevideo, ante periodistas extranjeros, afirmó que en la Argentina morirían todos los que tuvieran que morir para llevar adelante el proyecto de país para unos pocos que ellos habían acordado con los empresarios y los grupos transnacionales.
En diciembre de 1975, hubo un intento de golpe de estado de otro sector de las Fuerzas Armadas, encabezado por el brigadier Orlando Capellini, que sirvió para medir la poca reacción de la población. La existencia de la Triple A al amparo de sectores del Estado de un gobierno sin política y sin presencia, con una oposición que llamaba a los cuarteles diciendo que no tenían solución, terminaron de configurar el escenario que dio paso al golpe del 24 de marzo de 1976.
El diseño e implementación de las políticas económicas estuvo a cargo de sectores civiles. Los grandes beneficios, por supuesto, fueron para unos pocos empresarios cómplices y partícipes de la más brutal represión que sufrió nuestro pueblo. Este proyecto tenía como necesidad fundamental para ser impuesto acallar hasta la más mínima protesta social.  De esto se harían cargo los militares. Para poder convencer a la población de las supuestas bondades del proyecto económico y de la gesta salvadora de la Patria que encabezaba el dictador Videla, era necesario amordazar a los sectores de la prensa que no integraban esta sociedad macabra.
Es aquí donde la complicidad de Clarín, La Nación y La Razón, los tres principales diarios de entonces, se convierte en determinante. Esta siniestra sociedad permite desarrollar una estratégica relación económica por la cual pasan a controlar, además de la opinión de los medios, el negocio de los diarios en nuestro país. A partir de ser socios de los militares no sólo deciden sobre lo que se puede decir, sino que también deciden quién lo puede decir; logran ser beneficiarios directos por el precio inferior que pagan sus publicaciones y, de esta manera, ganar sobre lo que pagan los otros diarios. Sin perder de vista que son los que deciden quién puede acceder al papel y a qué precio, comenzando así una cadena de corrupción y estafa que continúa hasta el día de hoy.
La confianza generada por las políticas de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner provocó que en el mes de abril del año pasado se presentara a declarar por su propia iniciativa Rafael Iannover, quién había sido una de las víctimas de estas operaciones al ser parte y representante de la familia Graiver, los antiguos dueños de Papel Prensa. Iannover hizo su testimonio ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la que inmediatamente se presentó en la justicia para sustanciar la correspondiente denuncia penal por la participación en los delitos de Lesa Humanidad de los que se beneficiaron con la apropiación de la empresa del papel por medio de la amenaza, extorsión y asesinato.
La denuncia provocó una rápida investigación que comenzó a demostrar y comprobar lo que era sabido por muchos. La complicidad del grupo monopólico de medios con los gobiernos democráticos desde el año 1983 había evitado que llegaran esos delitos a la justicia.
Hoy todo está en manos de la justicia. Las pruebas existentes son contundentes y no cesan de incorporarse nuevas. Con el reconocimiento de la carta enviada por el dictador Reynaldo Bignone a Ernestina Herrera de Noble se comprueba contundentemente la repudiable alianza manchada de sangre. Se ha reconfirmado la relación de los genocidas con los dueños de los diarios, especialmente la “camaradería” con propietarios, directivos y periodistas de Clarín. Lidia Papaleo de Graiver, una de las víctimas, recordó que producía más terror la mirada del CEO de Clarín Héctor Magnetto amenazándola con su muerte y la de su pequeña hija si no vendía Papel Prensa, que la de los torturadores que le provocaban los tormentos más terribles.
Esta investigación también se inscribe en las acciones que ha emprendido el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner para la democratización de la información. La sanción hace más de un año de la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha creado un contexto favorable para que estos y otros hechos puedan salir a la luz. El poder mediático ya no es monolítico y su capacidad de ocultar la verdad no es la misma.

Publicado el 26 de Enero de 2011 en Tiempo Argentino
Por Marcelo Duhalde
Director de Prensa y Comunicación del Archivo Nacional de la Memoria.

Los Soprano (versión argenta)

Volante repartido hace un mes por Agrup. Pueblo Peronista en inmediaciones de Tribunales

Allanaron la sede social de Papel Prensa por presuntos "balances falsos" en la empresa


El Síndico General de la Nación, Daniel Reposo, dijo hoy que el allanamiento que se realizó en la sede social de Papel Prensa "será suficiente para que el juez pueda seguir trabajando" en las causas que investigan a la empresa por "balances falsos".

Las oficinas de la empresa Papel Prensa fueron allanadas hoy por personal de la Gendarmería Nacional por orden del juez en lo penal económico Alejandro Catania, que investiga presuntas irregularidades en los balances de la empresa y dispuso el secuestro de documentación.

El procedimiento se realizó en la sede de la empresa ubicada en Bartolomé Mitre al 700, a cargo del comandante principal de Gendarmería Daniel Suligoy, y se extendió entre las 10.45 y las 13 y el mimso permitió secuestrar documentación ordenada en siete cajas, informaron a Télam fuentes vinculadas a la causa.

Esa documentación "será suficiente para que el juez pueda seguir trabajando" en las causas que investigan "balances falsos" en la empresa, declaró a esta agencia el síndico General de la Nación, Daniel Reposo, que presenció el operativo.

"Durante 32 años con un mismo auditor interno, hay ciertas presunciones y documentación que dan cuenta de que los balances presentados durante toda la historia de Papel Prensa son falsos", añadió el funcionario.

Los diarios Clarín y La Nación son los accionistas privados y mayoritarios en Papel Prensa, empresa productora de papel para diario de la que el Estado es socio minoritario.

La denuncia que originó el allanamiento se basó en declaraciones formuladas en su momento por José Pirillo, ex accionista de Papel Prensa, según el cual el Grupo Clarín se valdría de un "centro de inteligencia" para "lograr favores de la Justicia" respecto de Papel Prensa.

En diciembre de 2009, Alberto González Arzac, integrante del Consejo de Vigilancia de la compañía en representación del Estado nacional, denunció la presunta falsificación de balances.

Catania, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 4, ordenó el allanamiento de hoy para acceder a documentación del Directorio, el Consejo de Vigilancia, el Comité de Auditoría y el organigrama de Papel Prensa en el 2009, indicaron las fuentes consultadas.

Durante el procedimiento fueron secuestradas actas de Directorio y del Consejo de Vigilancia, soporte documental e informático de los balances, registros de la documentación girada por Papel Prensa a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio sobre los balances y la convocatoria a la asamblea de accionistas del 23 de diciembre de 2009, entre otro material documental.

Presenciaron el allanamiento Martín Arecha, coadministrador judicial de Papel Prensa; Daniel Fernández Muñoz, uno de los directores de Papel Prensa en representación de Clarín y Alberto González Arzac, entre otros representantes de las partes.

Reposo afirmó que la documentación secuestrada permitirá avanzar en la investigación de la "denuncia muy grave" de Pirillo que indica que "funciona un centro de inteligencia manejado a través del Grupo Clarín por (su CEO, Hector) Magnetto" con el fin de "extorsionar" a jueces.

El presunto centro de inteligencia "tomaba los datos de los jueces, cuánto gastaban en tarjeta de crédito y demás, comparaban de acuerdo al nivel de gastos y cuando eran excesivos iban a ver a los jueces para extorsionarlos", describió.

Reposo dijo además que el juez Catania "ha ordenado, después de las testimoniales y el trabajo de investigación, un allanamiento de todo lo que es libros de acta de Directorio, de asamblea, de la Comisión Nacional de Valores todos los registros que se han girado durante el año 2009 hacia atrás y a su vez todo lo que es soporte documental e informático".

Según estimó, en Papel Prensa "hay una violencia jurídica contínua de todo lo que son procesos no sólo de la ley de sociedades sino también procesos contables, y se suma la grave denuncia de Pirillo, que aportó toda la información al juzgado".

El síndico General de la Nación criticó además la "mayoría automática que tiene Clarín en Papel Prensa" y que le permite "una práctica no solamente monopólica sino privilegiar los intereses del Grupo por encima de Papel Prensa".

Con el allanamiento ordenado por el juez Catania, "la causa está en trámite y se están llevando a cabo todas las medidas procesales como para llegar a la verdad", concluyó.