
La multa aplicada por la Secretaría de Comercio Interior a algunas consultoras de la city porteña que difunden información sobre la evolución de los precios, sacó a la luz un tema que hasta ahora fue pasado por alto en la opinión pública respecto al grado de confiabilidad que tienen las estimaciones privadas.
"De dónde sacan la información? ¿Tienen suficientes recursos técnicos para respaldar los resultados que exhiben? ¿Qué metodología utilizan? ¿Cuáles son los criterios para adoptar una u otra canasta? ¿Sus relevamientos son representativos de las realidad? ¿Las consultoras deben ser reguladas?", son entre otras las preguntas que la Secretaría de Comercio Interior trasladó a las consultoras que suelen difundir sus mediciones en torno a la evolución de los precios.
En los considerandos del texto de la multa que la secretaría que conduce Guilermo Moreno aplicó hoy a las consultoras Bein y Finsoport, a las que tuvo acceso Télam, se determina que éstas violaron artículos de la Ley de Lealtad Comercial y argumenta los motivos de la sanción, que puede ser apelada ante la Justicia.
Revela que existe la ley 17.622, que creó al INDEC en 1968, que le otorga objetivos y funciones al organismo para la "unificación" y "orientación" del sistema estadístico nacional, de los que surge que es ineludible requerir la asistencia técnica y opinión del mencionado instituto por parte de las consultoras que están en la mira de la Secretaría, según considera la Secretaría de Comercio Interior, y que no realizan.
Consultado al respecto por Télam, el director técnico del INDEC, Norberto Itzcovich, confirmó que les fue ofrecida a las consultoras oportunamente colaboración técnica de las cuales se negaron.
*Que el INDEC, como institución técnica competente, se expidió sobre los detalles de las inexacitudes que presentaron las consultoras, algunas de las cuales fueron reconocidas incluso por las mismas entidades privadas cuestionadas por la Secretaría -"es un réplica imperfecta del relevamiento original del INDEC", reconocieron, y que las mismas no son debidamente difundidas por dichas entidades a la hora de exhibir sus estimaciones.
Es decir las consultoras reconocieron "limitaciones, deficiencias y falencias que conllevan sus indicadores", pero no esto no les generó "perjuicio alguno al momento de difundirlos", y "ligeramente se procede a su difusión", afirma la resolución tomada por Comercio Interior en la que establece multas 500 mil pesos a ambas consultoras.
La Secretaría consideró, por tanto, que "se genera incertidumbre en la población" y que se viola la Ley de Lealtad Comercial, que prohíbe la realización de cualquier clase de presentación, publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamiento pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de, entre otras cosas, el precio y condiciones de comercialización de bienes y servicios, sostiene el texto.
*El pedido de precisiones formulado a las consultoras fue a consecuencia de la denuncia realizada por la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas del Mercado Central de Buenos Aires (COMAFRU), cuyos integrantes se sintieron afectados a partir de la información cuenta de una suba sistemática de precios de los productos comercializados por aquellos, lo que derivó en "una reducción del consumo", según indicaron oportunamente.
*Asimismo, se cuestionó la veracidad de los datos que publican. Las consultoras carecen de rigor científico metodológico y técnico para hacer sus estimaciones, dijo al respecto Itzcovich, lo que quedó expuesto en sus respuestas de cómo recopilan y procesan los datos de sus índices de precios.
En Alimentos y bebidas, rubro clave en el índice de precios, algunas firmas expusieron que relevan los datos de "menos de 20 supermercados y mayormente cargan los precios que observan en la página de Internet.
Al respecto, el INDEC concluye que no respetan la representatividad geográfica y denuncia que no contestaron la composición de la canasta que utilizan.
En el rubro alimentos y bebidas fuera del hogar (restaurantes), revelaron que realizan encuestas en el ámbito del "microcentro", lo que claramente marca un sesgo en la muestra, en una zona que tiene una concurrencia de turistas.
Por otro lado, se observa un alto grado de discrecionalidad con el que operan, al querer, por ejemplo, continuar utilizando una canasta de bienes y servicios con la estructura de la encuesta anterior a la última oficial, que es de 1999 (la actual está basada según la última encuesta del 2005).
En consecuencia, a lo largo de un extenso periodo temporal, se concluye que como resultado, se obtiene un índice con dudosa confiabilidad estadística, consideró el INDEC.
En un tramo del documento de la multa, la Secretaría de Comercio concluyó que "en modo alguno se advierte la lesión" denunciada por las consultoras de supuesto "conculcamiento de sus garantías constitucionales", debido a que "el derecho a difundir información no es vulnerado".
"Lo que sin embargo debe señalarse -sigue el texto-, es que tal derecho se ve regulado por ciertas normas, como la Ley 22.802 de Lealtad Comercial".